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Obligatoriedad

Planes de Movilidad al Trabajo obligatorios — Ley 9/2025.

Las empresas con más de 200 trabajadores en un único centro de trabajo (o 100 en un mismo turno) deberán contar con un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo antes del 5 de diciembre de 2027.

Preguntas frecuentes de empresas

La ley establece que la obligación afecta a los centros de trabajo que tengan más de 200 trabajadores, o más de 100 trabajadores por turno. El cálculo se hace por centro de trabajo, no por el total de la empresa a nivel nacional.

La ley entró en vigor en diciembre de 2025, pero el posterior Real Decreto Ley 7/2026 recortó drásticamente los plazos a la mitad. Actualmente, la fecha límite definitiva para tener el plan implantado y registrado es el 5 de diciembre de 2026

Las consecuencias van más allá de una multa económica (que oscila entre los 100 € y los 2.000 € por infracción). Las penalizaciones más graves incluyen la exclusión automática de licitaciones públicas, la pérdida o devolución de subvenciones y ayudas estatales (como los fondos de crisis energética), y posibles sanciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Sí. El texto de la ley exige que el Plan de Movilidad sea objeto de negociación colectiva con la representación legal de los trabajadores. Si la empresa no tiene comité, se debe constituir una comisión negociadora específica para este fin.

Preguntas frecuentes de ayuntamientos

Todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben tener un PMUS y establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). La gran novedad de la Ley 9/2025 es que introduce la obligación de desarrollar PMUS simplificados para municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes.

El EDIM es el nuevo Espacio de Datos Integrado de Movilidad. La ley obliga a los ayuntamientos a digitalizar y compartir sus datos de transporte, tráfico y movilidad con esta plataforma estatal para que los sistemas sean interoperables a nivel nacional.

Es un espacio de pruebas controlado y regulado jurídicamente. Permite al ayuntamiento autorizar de forma temporal el testeo de tecnologías innovadoras (como drones de reparto o vehículos autónomos) en entornos reales de la ciudad antes de modificar las ordenanzas municipales definitivas.

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